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La crisis provocada por la pandemia tuvo efectos negativos en diferentes ámbitos de la vida de la población mexicana. Muchas familias, vieron afectados sus ingresos, por la pérdida del empleo o por afectaciones en su salud, a nivel nacional y local.
Tal como menciona el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (2020) el impacto de la crisis sanitaria y económica que afectó los ingresos de los hogares puso en riesgo el ejercicio de los derechos sociales que tienen impacto inmediato en el bienestar: la alimentación, la salud, la vivienda y la educación. En particular, en el caso del derecho a la vivienda, el gasto que representa el pago de la renta es una presión financiera para los hogares ubicados en el primer decil de los ingresos, ya que destinan más del 30 por ciento del total de estos a la cobertura de esta necesidad, poniendo en riesgo la satisfacción de otras necesidades básicas.
De acuerdo con Lara (1993) el arrendamiento habitacional es un tema complejo de la realidad socioeconómica debido a posibles situaciones de desajuste en situaciones de crisis económicas. Estas reducen el poder adquisitivo de los ingresos de los arrendatarios quienes enfrentan dificultades para cubrir los pagos de la renta, así como para los arrendadores que no ven redituada su inversión.
En este trabajo, nos interesó en particular conocer más sobre el apoyo que pudieron haber brindado las familias a muchas personas en la Ciudad de México que vieron limitadas sus posibilidades de poder pagar una renta, lo cual las colocó en riesgo de vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Al respecto, la proporción que representa la vivienda rentada en la distribución de la tenencia de la vivienda en la Ciudad de México de acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2020 era muy alta, cercana al 25%. Rentar una vivienda es una opción importante para muchas personas que estudian o trabajan en esta entidad, ante la imposibilidad de adquirir una vivienda propia. Por otra parte, el impacto de la pandemia en el empleo afectó principalmente a los/las trabajadores del sector terciario y cerca de 90% de las actividades económicas en la Ciudad de México son servicios.
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