Anales del Congreso ALAP
Anales del X Congreso ALAP

Antecedentes. Costa Rica se encuentra en un proceso de acelerado envejecimiento poblacional. Entre 1960 y 2018, la proporción de personas mayores de 64 años se duplicó, al pasar de representar un 4% a 8% del total. De acuerdo con las proyecciones de población del CCP-INEC, se estima que este grupo de la población representará casi una tercera parte del total en el 2080. Este cambio en la estructura de la población significa un desafío en materia económica para los hogares y el Estado, dado que implica mayores presiones en el financiamiento del consumo de las personas adultas mayores en un contexto en el que el tamaño de la población en edad de trabajar se desacelera.
Objetivo. Analizar los retos y oportunidades en materia económica del cambio demográfico en el país.
Datos y métodos. Las principales fuentes de información son las encuestas de ingresos y gastos del INEC y las estadísticas del BCCR. La metodología desarrollada por el proyecto internacional National Transfer Accounts (NTA) fue publicada por Naciones Unidas en el libro “Measuring and analyzing the generational economy” (2013).
Resultados. En Costa Rica, las personas menores de 20 años se financian en gran medida (80%) a través de la solidaridad de familiares o transferencias privadas. Destaca que esta dependencia de las personas menores hacia otros familiares ha aumentado significativamente en el 2018 tiempo respecto a las mediciones realizadas en el 2004 y 2013. Por otra parte, las personas adultas mayores financian la mayor parte del déficit del ciclo de vida con transferencias públicas que les transfiere el Gobierno, especialmente destacan las transferencias de pensiones, las cuales han mantenido una tendencia al alza entre las mediciones del 2004, 2013 y 2018. Cuando se descompone el bono demográfico en sus dos grandes componentes (fiscal y hogares) se identifican hallazgos interesantes. La desaceleración en el crecimiento de las personas en edad de trabajar es un importante desafío para el Estado, dado que esto implica un menor crecimiento de la recaudación por el componente demográfico. A lo anterior se le suma el reto de sostener fiscalmente los servicios de salud y pensiones de las personas en edad de trabajar. El bono demográfico fiscal se estima que finalizó en el 2018, por lo que actualmente el Estado se encuentra en una etapa de antibono.
Conclusiones. En resumen, la demografía plantea dos grandes retos para el sistema de transferencias públicas. El primero es que el acelerado proceso de envejecimiento poblacional es un desafío para la sostenibilidad de los servicios de salud y las pensiones; sin embargo, este no es el único determinante. Un buen diseño institucional también es necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del Estado social de derecho. El segundo reto es poder mantener la equidad generacional, lo cual significa que los beneficios del sistema de transferencias públicas (salud, educación y pensiones) que recibe una generación a lo largo de su vida estén balanceados respecto al pago que realizan en impuestos y cargas sociales.